El 24 de marzo de 1976 se instauró en la Argentina una
dictadura militar genocida. Las garantías constitucionales fueron suspendidas y
la impunidad represiva no tuvo límite. Decenas de miles de personas fueron
secuestradas, torturadas y asesinadas. Miles de argentinos tuvieron que
abandonar el país y el pueblo argentino vivió bajo el terror provocado por una
dictadura que avasallaba impunemente los derechos y las garantías más
elementales.
El 2 de abril de 1982 la dictadura incumplió además el deber internacional
de abstenerse del uso de la fuerza y dio inicio al conflicto del Atlántico Sur
en el que fue derrotada por el Reino Unido. La dictadura que violaba impunemente
los derechos humanos y pretendía perpetuarse en el poder encontró un límite con
esa derrota.
El 10 de diciembre de 1983 comenzó el período de democracia más extenso y
estable de la historia argentina. Se consolidó el estado de derecho y, con la
derogación de las leyes de obediencia debida y punto final en 2003, la justicia
argentina investigó, juzgó y condenó a los genocidas, se conoció lo que les había
ocurrido a los desaparecidos en los centros clandestinos de detención y muchos hijos
de desaparecidos que habían sido robados siendo niños recuperaron su identidad.
Actualmente, en un contexto mundial de guerras, invasiones y genocidio, hay
también en la Argentina preocupantes casos de limitación y represión del derecho
a la protesta e incluso cuestionamientos a las políticas de protección de los derechos
humanos por las que la Argentina fue reconocida internacionalmente. Por ello
hoy es necesario que el pueblo se manifieste pacíficamente en defensa del
estado de derecho y del respeto a los derechos humanos y que los poderes
legislativo y judicial controlen al poder ejecutivo y sean fieles custodios de
la Constitución Nacional.

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